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Hace un año cuando el Estado español fue derrotado


Garroferal

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Hace un año cuando el Estado español fue derrotado

Hoy hace un año que el Estado español recibía la derrota judicial más severa a escala internacional en la persecución contra el independentismo. La máxima autoridad judicial de la Unión Europea sentenciaba que Oriol Junqueras tendría que haber sido reconocido eurodiputado con todos sus derechos e inmunidades intactas desde hacía medio año, seis meses durante los cuales permaneció encarcelado por orden del Tribunal Supremo español. Y una buena parte de este tiempo, además, pendiente de sentencia. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 19 de diciembre de 2019 es histórica, y tuvo unas consecuencias inmediatas sobre Carles Puigdemont i Toni Comín, primero, y sobre Clara Ponsatí, después, y hundió de golpe el muro que la diplomacia española había construido en la eurocámara con la connivencia de Tajani. Pero también hubo una vulneración flagrante de aquella sentencia por parte del Supremo, manteniendo encerrado durante un año más un eurodiputado. Y en las instancias europeas ha habido silencio, cuando menos, aparentemente. ¿No hay ninguna vía para castigar el Estado español por este incumplimiento?

Sí que está claro que la sentencia sobre Junqueras ya es doctrina consolidada del TJUE, porque el tribunal mismo lo demostró hace muy poco, y fue gracias a Vox. Los eurodiputados del partido de extrema derecha español quisieron hacer aquello que el Tribunal Supremo había hecho con Oriol Junqueras pero que no había podido hacer con los exiliados: impedirles ejercer de eurodiputados. Y por eso presentaron una demanda ante la justicia europea contra la decisión del presidente de la eurocámara, David Sassoli, al admitir a Puigdemont y Comín. La respuesta del Tribunal General de la Unión fue de no admitir la demanda, con una resolución muy importante porque no tan solo mencionaba la sentencia de Junqueras como precedente sino que ratificaba la interpretación que ya había hecho cuando la aplicó como válida para el presidente y el consejero al exilio.

Es decir, gracias a Vox, el Tribunal de Justicia de la Unión confirma el criterio expresado ahora hace un año con Junqueras. Y abre la puerta, por lo tanto, a presentar demandas sobre esta cuestión siempre que se acierte tanto enquién las presenta como quienes son los destinatarios. No todo el mundo puede presentar una demanda por incumplimiento de la normativa europea por parte de algún organismo o institución; así lo decía el Tribunal General en Vox: ¿quiénes sois vosotros para presentar esta demanda, si no sois parte implicada ni afectada? Qué diferencia con el funcionamiento de la justicia española, en que Vox fue parte acusatoria en el juicio contra el proceso y en tantos otros procedimientos judiciales contra el independentismo o contra quién fuera que considerara enemigo de la unidad de España. En el estado español, Vox hace de abrelatas judicial para que el aparato del Estado intervenga detrás con mano de hierro. En Europa, le dicen que no es nadie.

Oriol Junqueras sí que lo puede hacer, está claro, porque sí que es parte afectada. Y así lo hizo desde el primer momento la defensa del vicepresidente. Pero estos últimos meses, los tribunales europeos han tumbado una parte de las demandas presentadas para reclamar la protección del eurodiputado Junqueras. Precisamente, han tumbado las demandas que van dirigidas contra la presidencia del Parlamento Europeo. El TJUE no las ha admitido, y ha dicho a Junqueras que el parlamento y Sassoli como presidente no podían hacer nada contra la anulación del escaño que hizo el Supremo con su particular interpretación de la sentencia europea. Dice que el Parlamento Europeo solo es informado de la vacante por parte de las autoridades estatales. Y añade que la cámara tampoco tiene capacidad para negarse a tomar en consideración la decisión del Supremo.

Pero a la vez, en una de estas demandas desestimadas, el TJUE indicaba no tan solo que no correspondía a laeurocámara decidir sobre esta cuestión, sino que correspondía a los tribunales estatales, y explícitamente decía que también le correspondía a él, el TJUE, “en el marco de un recurso de incumplimiento”. Y el Supremo incumplió la sentencia del TJUE. Tiene que ser contra el TJUE, pues, el recurso. Así lo prevé el Tratado de Funcionamiento de la Unión, que el TJUE sea el máximo árbitro en estas cuestiones. Pero hace poco todavía se ha acentuado esta responsabilidad, cuando los estados miembros del Consejo Europeo aprobaron un procedimiento vinculado a la aportación del fondo extraordinario para combatir la covid pensado para atar en corto a Hungría y Polonia en materia de respecto del estado de derecho y a la vez evitar que estos dos países bloquearan la aprobación del fondo. Y funcionó. El mecanismo es interesante también desde el punto de vista del caso catalán.

Porque, a pesar de que es un recordatorio de aquello que dice la normativa europea, el acuerdo lo remarca: la Comisión tendrá que aplicar el reglamento contra los Estados que violen el estado de derecho y las garantías democráticas del Tratado de la Unión, y en caso de duda o de recurso, el TJUE tiene la última palabra. Es un mecanismo pensado para que Hungría y Polonia no hagan un mal uso de los fondos anticovid, pero de retruque poneencima la mesa a escala europea el problema de los incumplimientos de unos determinados países de las resoluciones de la justicia europea.

Un artículo reciente del diario Politico recoge unas declaraciones a tener en cuenta de un alto cargo de la CDU alemana, Gunter Krichbaum, que es presidente de la Comisión de Asuntos Europeos del Bundestag: “Si las resoluciones judiciales de la Corte Europea de Justicia no se implementan, se atraviesa una línea roja definitivamente. Es esto que nos hace estar en la Unión Europea; que se respete la ley y la justicia, y que la justicia sea pronunciada por el Tribunal de Justicia [de la UE]”.

Es exactamente esto que reivindicaba el presidente del TJUE, Koen Lenaerts, a comienzo de año, cuando hacía pocos días de la sentencia sobre Junqueras, en un discurso ante Ursula Vonder Leyen, cuando se estrenaba como presidenta de la Comisión. Lenaerts hablaba de “la preocupación por el respecto al estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales y las libertades en unos cuantos Estados miembros”, cosa que había “llevado a la proliferación de casos, particularmente a las cuestiones prejudiciales ante la Corte.” No mencionaba qué estados. Habría podido decir Polonia y Hungría, que son los Estados con quienes la Comisión choca por el autoritarismo y por las vulneraciones de derechos. Son los países de quienes hablan los responsables de las instituciones europeas, pero hay otro, el Estado español, que es como el elefante en la habitación, que todo el mundo sabe que está pero nadie lo menciona.

Tan solo lo hacen periodistas internacionales en las conferencias de prensa de los portavoces de la Comisión en unas determinadas ocasiones, como fue el caso de las palabras de Lenaerts. Porque el Supremo acababa de incumplir la sentencia Junqueras. Pasado un año, el silencio sobre el Estado español y sobre Catalunya, sobre la represión judicial y sobre los presos políticos, es evidente que se impone tanto en la Comisión como en el Parlamento Europeo. La vía política está bloqueada. Pero la vía judicial permanece abierta, y tal como han demostrado sentencias recientes, como la negativa de Bélgica a extraditar Lluís Puig por el riesgo de vulneración de derechos o las pistas que ha dado el Tribunal de Luxemburgo a Junqueras, demuestran que hay campo para correr.

Porque la Comisión podría tomar medidas y sanciones contra un estado que incumpla las sentencias, tal como prevé el artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión. Son, fundamentalmente, sanciones económicas. Pero este tratado, en el artículo 263, también prevé que un particular directamente afectado y que es parte implicada en un litigio (no como Vox) pueda recurrir al TJUE. Y esto sirve tanto para Junqueras, en el caso de su sentencia, como en el caso de los eurodiputados Puigdemont, Comín y Ponsatí, cuando encaren los próximos meses el suplicatorio si no se acaba haciendo con todas las garantías procesales. Un año después de aquella sentencia queda, sobre todo, un recorrido posible.

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El rábano por las hojas

O cómo convertir lo accesorio en fundamental.

Habla en este hilo @Garroferalde los varapalos judiciales que recibe el Estado español, y dice:

hace 3 horas, Garroferal dijo:

Hace un año cuando el Estado español fue derrotado...

Hablemos de derrota. Para empezar,  me remontaré a 2008, cuando el Parlamento Vasco aprobó un proyecto de ley para convocar un referéndum sobre el futuro de Euskadi el 25 de octubre de ese mismo año, que formaba parte del denominado "Plan Ibarretxe". El pleno del TC declaró su inconstitucionalidad "y consiguiente nulidad" porque, entre otros motivos, invadía competencias exclusivas del Estado. El partido nacionalista vasco recurrió esta decisión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El TEDH, mediante decisión del Juez Egbert Myjer adoptada en febrero de 2010, resolvió la inadmisibilidad de la demanda presentada porque "resulta incompatible por razón de la materia con las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos". Es una decisión, por tanto, definitiva y frente a ella no cabe recurso alguno. En consecuencia, la organización de una consulta cómo la planteada por el Parlamento vasco no sólo no es viable si se plantea unilateralmente, sino que ni siquiera está incluida dentro del ámbito de los derechos humanos.

A pesar de esta sentencia, el independentismo catalán, que por supuesto la ha ignorado totalmente porque contravenia su particular versión del ordenamiento jurídico internacional en materia de autodeterminación, ha seguido engañando al pueblo de Cataluña con ese mantra absurdo de que sus pretensiones unilaterales cuentan con la cobertura jurídica del Derecho Internacional. "De todo el Derecho Internacional" llegó a afirmar Junqueras, que no contento con sus mentiras de índole economico, también ha hecho incursiones en lo normativo. Dado que la ilegalidad de lo pretendido era incuestionable desde el punto de vista de la legalidad nacional, se inventaron esta patraña para intentar crear una apariencia de legalidad a lo que estaban haciendo.

Pero sigamos hablando de derrota.

Financiación de la independencia:  Medio mundo han recorrido Puigdemont y sus adláteres buscando quién le preste. De EEUU a China pasando por Israel e incluso el mundo árabe. Nadie daba un duro por ellos. Sólo la CUP dijo la verdad al hablar de que para lograr la secesión habría que aplicar medidas de "control de capitales" (es decir, un corralito). De esto tanto ERC como los exConvergentes mutis por el forro. Son muchos los independentistas que apoyaban el "prusés". ¿Por qué no les dijeron que para financiar la puesta en marcha de un Estado tendrían que aceptar que sus ahorros se convirtieran en "deuda pública patriótica" o una medida similar? 

Además está el problema de la moneda. En caso de independizarse unilateralmente, Cataluña quedaría fuera del euro. Podría usarlo como moneda, pero no tendría ningún control sobre él. Una de las consecuencias de esa situación es que el BCE ya no facilitaría liquidez a la banca privada contra deuda pública catalana, por lo que estos bancos se lo pensarían muy mucho antes de suscribirla.

Estructuras de Estado: Responsabilidad directa del Sr. Junqueras, ha sido de todos el mayor timo. Papeles, solo papeles para el diseño de una República de pinta y colorea. Más de 150 medidas se querían implementar para la puesta en marcha de Cataluña como Estado independiente: Agencia Tributaria, Seguridad Social, Asuntos Exteriores, Justicia, Defensa, medios de comunicación públicos, aumento de las dotaciones policiales, red de transportes y comunicaciones de ámbito estatal... En el colmo de la fantasía más desquiciada, Artur Mas llegó a estimar en 3.000 millones el coste de la conversión. Sólo la desviación entre lo que se cotiza a la Seguridad Social en Cataluña y lo que cobran sus pensionistas asciende a 4.500 millones.

Apoyo del sector privado: "Los empresarios catalanes son los primeros interesados en la independencia", dijo Oriol Junqueras. Ya se ha visto.  Ahí va una selección de las miles de empresas que mudaron su domicilio social como respuesta al proceso independentista. Como puede verse, muchas son emblemáticas del empresariado catalán.

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Reacciones internacionales tras la declaración de independencia en Cataluña

ESTO SÍ QUE ES UN FRACASO

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